Sin estrategia, sin presupuesto y sin coordinación: así abordamos el mayor reto demográfico de nuestra historia

España es uno de los países más longevos del mundo y, al mismo tiempo, uno de los que peor se ha preparado institucionalmente para ese privilegio. No es un problema que viene: ya está aquí. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si vamos a necesitar más recursos, sino si sabremos invertirlos antes de que sea demasiado tarde.

Empecemos por los números, porque los números obligan a pensar. Hoy casi diez millones de españoles, de los 48,6 millones que somos en total, tienen 65 o más años, es decir, uno de cada cinco. Según las proyecciones del INE, ese porcentaje pasará del 21% actual al 27,4% en 2040, al 30,4% en 2050 y se mantendrá en torno al 30% hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. Lo que significa que en menos de treinta años uno de cada tres españoles habrá cumplido los 65.

Y la proporción de personas en edad de trabajar que sostiene ese sistema se desploma en paralelo: en 1980 había más de cinco trabajadores por cada pensionista; hoy son dos; en 2060 serán aproximadamente 1,3. No es un escenario hipotético, es aritmética pura.

Antes de hablar de cuánto dinero hace falta dedicar al reto demográfico, necesitamos saber en qué deberíamos gastar, porque hasta ahora el gran error que estamos cometiendo es el de seguir poniendo parches donde ya hay grietas estructurales. 

Los retos del envejecimiento poblacional son conocidos, pero rara vez se priorizan en conjunto: sostenibilidad del sistema de pensiones, presión sobre la sanidad pública, explosión de la demanda de cuidados de larga duración, soledad no deseada, que ya es un problema de salud pública reconocido, brecha digital entre mayores, inadecuación del parque residencial, escasez de profesionales especializados en atención a personas mayores, y ausencia de una cultura de planificación vital que prevenga en lugar de solo atender.

Según CaixaBank Research, sumando pensiones, sanidad y cuidados, el gasto público total relacionado con el envejecimiento va a pasar en España del 20,3% del PIB en 2022 al 25,5% del PIB en 2050. Cinco puntos y medio en menos de treinta años. Se trata de un aumento claramente mayor que la media de la UE, que se sitúa en 1,5 puntos para el mismo periodo. Pero ahí está la trampa: casi todo ese gasto es reactivo: pensiones, camas hospitalarias y plazas en residencias. Lo que no vemos en esas cifras es la inversión en prevención, en innovación, en preparar a la sociedad para que envejezca bien. Y esa inversión es la que realmente puede diseñar un mejor futuro para nuestro país.  

Si los recursos son limitados, y siempre lo son, hay que elegir con criterio. ¿Lo estamos haciendo? Yo tengo mis dudas y mi propuesta es que se prioricen cuatro grandes líneas de actuación.

La primera es la prevención activa del deterioro: invertir en programas de envejecimiento saludable, salud mental, actividad física y nutrición que reduzcan la dependencia futura. Cada euro invertido hoy en prevención puede ahorrar entre tres y ocho euros en atención curativa y asistencial mañana; así lo demuestran estudios del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Europea.

La segunda es la tecnología al servicio del cuidado: telemedicina, asistencia robótica, inteligencia artificial para el diagnóstico temprano, plataformas digitales de coordinación entre servicios sociales y sanitarios. Japón, que con más de 36 millones de personas mayores de 65 años es la sociedad más envejecida del mundo, destinó casi 203 millones de dólares en subsidios en su presupuesto de 2025 para acelerar la adopción de tecnología en el cuidado de personas mayores. España aún no tiene nada comparable.

La tercera es la formación de nuevos perfiles profesionales: necesitamos decenas de miles de personas cualificadas en gerontología, atención sociosanitaria, acompañamiento vital y longevidad inteligente. No existen en número suficiente y nadie las está formando a la escala necesaria.

La cuarta es la de la planificación vital desde edades tempranas: el coste de no prepararse para la vejez lo acabamos pagando todos como sistema. Facilitar que las personas planifiquen sus finanzas, sus temas legales, su vivienda y sus cuidados con décadas de antelación es, a medio plazo, la inversión pública de mayor retorno.
España no cuenta todavía con una estrategia nacional integrada de longevidad que articule presupuesto, objetivos y evaluación bajo un mismo techo. Lo que sí existe es un mosaico de iniciativas parciales con alcance desigual.

A nivel estatal, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 la Estrategia de Desinstitucionalización de los cuidados 2024–2030, orientada a fomentar los cuidados a domicilio frente al modelo residencial. El Ministerio de Sanidad tiene en marcha el Documento de Desarrollo de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad 2025–2028, con enfoque de atención integrada entre lo sanitario y lo social. Y el Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada, anunciada en 2024. Son pasos en la dirección correcta, pero son estrategias sectoriales: abordan la dependencia, la enfermedad crónica o el aislamiento de forma separada. Claramente nos falta un abordaje con una visión de conjunto, que incluya innovación, economía de la longevidad, planificación vital o preparación proactiva de la sociedad.

En las Comunidades autónomas el panorama es heterogéneo: no todas tienen estrategia y en la mayoría dependen de las consejerías de Bienestar Social y/o de salud, pero no tienen una visión transversal de gobierno. Entre las comunidades que sacan muy buenas notas están sin duda el País Vasco y Castilla y León. La primera tiene su Estrategia Vasca con las Personas Mayores 2021–2024, que va más allá del envejecimiento activo convencional para plantear un modelo de vida plena con cinco ejes: ciudadanía activa, proyecto de vida, autonomía, cuidados e investigación e innovación, apoyado en once proyectos tractores.  Castilla y León, probablemente por ser la comunidad más envejecida de España, también lo está haciendo bien, con su Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo, articulada en cuatro ejes que incluyen explícitamente la innovación y la desinstitucionalización. Madrid aprobó en 2024 su Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia 2025–2027, con cinco líneas estratégicas. Andalucía tiene su Estrategia para la Promoción de una Vida Activa y Atención a la Soledad 2025–2030, aún en elaboración. 

El diagnóstico es claro: existen piezas, pero no el puzzle completado. Hay estrategias autonómicas de distinto alcance y calidad, estrategias sectoriales estatales, y ninguna arquitectura que las coordine con presupuesto propio, horizonte largo y mecanismo de evaluación independiente. Lo que falta no es voluntad declarativa sino compromiso estructural.

Lo que sí sabemos es lo que hacen otros. Países como Japón, los Países Bajos, Suecia o Dinamarca llevan décadas invirtiendo en investigación sobre envejecimiento activo, modelos de cuidado comunitario, vivienda adaptada y tecnologías asistenciales. 

¿Cuánto debería destinar España? Como mínimo, un 0,5% del PIB adicional, unos 7.000 millones de euros anuales, dirigido específicamente a innovación, prevención y preparación del sistema para el reto demográfico, más allá del gasto reactivo en pensiones y sanidad. No como gasto, sino como inversión con retorno medible. Otros países de nuestro entorno dedican entre el 0,3% y el 0,8% de su PIB a programas específicos de envejecimiento activo y longevidad saludable. España está muy por debajo de esa horquilla.

Y ¿quién debe hacer esas inversiones? El Estado, las comunidades y los ayuntamientos con roles distintos y con coordinación real entre ellos. El Estado debe diseñar la estrategia, establecer los marcos normativos, garantizar los derechos y articular la financiación estructural. Es el único actor con capacidad para reformar el sistema de pensiones, regular los servicios de cuidados a escala nacional y negociar en Europa. Sin una Estrategia Nacional de Longevidad, con rango de plan de Estado, presupuesto propio y un órgano de seguimiento independiente, seguiremos acumulando iniciativas parciales sin arquitectura común.

Las comunidades autónomas son el nivel donde se prestan la mayoría de los servicios: sanidad, servicios sociales, vivienda, educación. Son las que pueden, y deben, adaptar las políticas generales a sus realidades demográficas específicas, que son muy distintas entre sí. No es lo mismo envejecer en Asturias, donde casi el 25% de la población ya supera los 65 años, que hacerlo en Madrid o en las Islas Canarias. El hecho de que el País Vasco y Castilla y León tengan estrategias más desarrolladas que otras comunidades ilustra exactamente este problema: cuando no hay un marco nacional que eleve el mínimo, la calidad de las políticas de envejecimiento depende de dónde hayas nacido.

Los ayuntamientos, en cambio, son donde la vida ocurre: el barrio, el centro de día, el médico de cabecera, el transporte adaptado, la red de vecinos. Son el primer punto de contacto con la persona mayor y los que pueden detectar antes el deterioro, la soledad o la necesidad de apoyo. Necesitan competencias claras y financiación suficiente para ejercerlas.

El problema de España no es la ausencia de nivel administrativo capaz de actuar. Es la ausencia de coordinación entre ellos, la duplicidad de esfuerzos y la falta de una visión compartida, pero el envejecimiento no entiende de fronteras administrativas.

En conclusión, el reto demográfico de España no es una amenaza futura: es una realidad presente que se agrava cada año que pasa sin una respuesta a la altura. Los sistemas públicos de bienestar social no están actualmente preparados para el aumento de la población envejecida. Y los propios investigadores del CSIC lo advierten: las administraciones no son plenamente conscientes de lo que ya está empezando.

Lo que nos jugamos es mucho: la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, la calidad de vida de millones de personas y la cohesión social de un país que envejece más rápido de lo que se prepara para hacerlo. Tenemos estrategias sectoriales, planes autonómicos de desigual alcance y buenas intenciones declaradas. Lo que no tenemos es una visión de conjunto con presupuesto, gobernanza y voluntad política sostenida en el tiempo.

Necesitamos identificar bien dónde invertir, priorizar con valentía, destinar recursos reales, no solo retórica, y hacerlo con una gobernanza que funcione de verdad entre Estado, comunidades y municipios. 

Autoría: María Jesús González Espejo