¿Brecha digital o vulneración de derechos en la vejez? Los cajeros y las latas de piña

Hoy vamos a hablar de los abrefáciles. Quiero que, por favor, lector, lectora, pienses conmigo en uno de esos abrefáciles que fueron de todo, menos fáciles. Esos abrefáciles que condenarías a castigos forzados, por rebeldes sin causa alguna. En mi caso, recuerdo el día que me quedé con la argollita en la mano, mientras la piña enlatada se reía de mí desde dentro de su fortaleza. Podríamos pensar que fue torpeza mía, que tal vez no supe alcanzar el grado de inclinación necesario para aprovechar el potencial de la argolla. Pero ¿y si eso también te sucede a ti? ¿Y a tu vecino? Y a tu prima, y al panadero, y a la carnicera, y al fresador y al médico de atención primaria de tu barrio. Podríamos pensar que todos somos igual de torpes, que necesitamos un curso acelerado de apertura de latas. Pero tal vez, y solo tal vez, se me ocurre pensar en otras opciones: ¿Y si lo que sucede es que el mecanismo abre fácil no está bien diseñado y en realidad no es tan fácil? Es decir, que es un producto que no cumple con su cometido, porque está claro que una parte de la población no accedemos con facilidad al interior de la lata. ¿Somos nosotros, clientes y consumidores de la piña en lata, responsables del mal funcionamiento del abrefácil o es el productor/envasador de la piña quien debe preguntarse por qué una parte importante de su clientela no está recibiendo un buen servicio? Tal vez se ha pensado adecuadamente en la mejor forma (la más eficiente, la más económica dentro de la eficiencia) para conservar la piña, pero no se ha prestado tanta atención a cómo facilitar su consumo a los fanáticos de la piña en lata. Eso que llaman accesibilidad y usabilidad, pero aplicado al abrefácil. 

Nos vemos entonces obligados a recurrir a abrelatas, a llamar al vecino para que nos ayude, y en el barrio empiezan a hablar de nuestro problema. Hablan con cierta pena, con cierto cansancio, y nos dicen que, simplemente, no estamos preparados para abrir latas. Nos dicen que pertenecemos a un grupo condenado por la brecha del abrelatas. Que deberíamos aprender, porque ellos sí pueden (aunque a veces, la verdad, también les cuesta un poco). Por favor, un poco más de paciencia con mi piña y mi lata; prometo que ahora vamos al punto. 

¿Y si tuviésemos que abrir la piña en mitad de la calle? Queremos comer piña, pero tenemos que hacerlo en un punto concreto, donde además otros fanáticos de la piña esperan a nuestra espalda para poder acceder a su propia lata. Y se empiezan a impacientar. Qué estrés. Yo voy a empezar a aventurar que la empresa conservera de las piñas debería hacer algo al respecto si quiere que siga consumiendo su producto. 

Ante esta situación, con toda esa gente a mi espalda esperando, protestando, y esa idea de que “no he sabido superar la brecha del abrefácil”, es bastante probable que dejase de comer piña en lata. Teniendo alternativas, no supondría un mayor problema. Pero ¿qué sucede si el abrefácil -mal diseñado, porque somos muchos los que no nos aclaramos con el mismo- fuese en realidad el paso previo para poder acceder a algo más necesario? Por ejemplo: la pensión. Bien, dejamos ya de hablar sobre piñas; cambiemos los conceptos “piña” por “pensión” y “abrelatas” por “cajero”. 

Si tenemos en cuenta que el 19,6% de la población española tiene más de 65 años, que la gran mayoría son pensionistas (aproximadamente el 90%), que recibir una pensión de jubilación es el resultado de un derecho (derecho social que garantiza nuestro Estado de Bienestar) y que esa pensión se domicilia en bancos… Si se dificulta el acceso al cobro de la pensión ¿estamos ante una forma de vulnerar un derecho? Dejando de lado mi mala metáfora, la cuestión es más profunda de lo que parece: que nos impongan usar el cajero para acceder a nuestra pensión, cuando ese sistema no demuestra adecuarse a nuestras necesidades y capacidades… ¿es una brecha digital o una posible vulneración de derechos? 

En el marco de nuestro contrato social existen una serie de premisas para cobrar pensiones contributivas de jubilación (en España existirían unos 6.228.161 de pensionistas contributivos de jubilación), de viudedad (2.348.674 viudedad, de las que 1.867.602 tienen más de 65 años y son a las que nos estaríamos refiriendo), pero ¿debe ser el conocimiento de un software determinado un requisito más? Además de cotizar, para poder cobrar mi pensión, ¿se me deben exigir una serie de conocimientos? Si no, no puedo acceder a mi dinero. De momento, no me parece muy justo. 

Pero me surgen otras cuestiones; volviendo a nuestra piña ¿optaríamos por consumir una marca de conservas cuyo abrefácil se adecuase más a nosotros? Creo que sería lo que yo haría. ¿Qué sucede si no puedo? “No, es que no hay otro sistema”, me dicen. Igual, enfadada, dejaría de consumir piña en lata (bienvenidas, frutas de temporada) pero ¿es justa esta imposición cuando la piña en lata es, en realidad, un dinero público merecido, ganado y del que se están beneficiando los productores de ese denominado abrefácil? Creo que, lector, lectora, coincidirás conmigo en que los bancos donde se ingresan las pensiones públicas obtienen un beneficio de esa transacción. Es decir, obtienen un beneficio al ser receptores temporales (guardianes) de un dinero de origen público al que tienen derecho una serie de personas. Disponen de ese dinero para prestarlo, cobran por una serie de gestiones (que se harán en el mismo banco donde se tiene el grueso de la pensión), aprovechan para vendernos otros servicios bancarios, y se convierten en “propietarios” de los datos de todos esos pensionistas que prefieren tratar con una persona a hacerlo con un cajero. 

Sin embargo, no olvidemos, los bancos son intermediarios; no depositarios del derecho. ¿Debieran esos receptores/intermediarios facilitar el acceso al dinero que es, en esencia, propiedad y derecho adquirido de los pensionistas? A mi me parece que sí. Que más allá de cuestiones morales y de inclusión (esas cosas tan locas que a mi se me ocurren) es parte de su obligación a la hora de cumplir adecuadamente con la misión encomendada. Y digo misión encomendada porque, si no me equivoco, no es posible cobrar la pensión en metálico directamente del organismo emisor. Cualquier otro servicio, ante la menor ineficiencia, dejaría de ser ofertado por la empresa (privada) en cuestión y sustituido por otro mejor. ¿Es torpeza del usuario, desconocimiento y necesidad de aprendizaje, o es que la empresa en cuestión no está ofertando un servicio adecuado? ¿Es responsabilidad del usuario, que debe aprender a usar una nueva tecnología, o es la empresa privada la que debe ofertar un servicio adecuado en este caso? 

Como nota final, reconoceré que durante la redacción de este post no he podido evitar comerme alguna lata de piña en conserva. Afortunadamente no usé pasteles como metáfora.