El bienestar futuro de los mayores en el sur de Europa
El bienestar de los jubilados de hoy es consecuencia, en buena medida, de la evolución del país en los pasados 50 años, y el bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales. A finales del siglo XX, son muchos los países que han iniciado una política orientada, esta vez, a reducir el riesgo de pobreza infantil, pero esta ola todavía no ha inundado el sur de Europa. En España, el mayor riesgo de pobreza de los hogares con hijos dependientes relativo a los hogares de las mismas características, pero sin hijos, no ha variado en los últimos años de crecimiento económico. Estará por ver, si las medidas de protección social que obliga a implementar la crisis derivada de la pandemia servirán para iniciar una nueva etapa de mayor protección a la infancia que ayude a mejorar las pensiones futuras.
El riesgo de pobreza que tienen las generaciones extremas está siguiendo una pauta común y preocupante en todos los países del sur de Europa. En el ciclo económico recesivo entre los años 2008 y 2013, según los datos publicados por Eurostat, la pobreza entre los mayores de 65 años se redujo mucho más en Italia, Portugal, España y Grecia que en el conjunto de la UE-18. ¿Porqué esta buena noticia ha de ser preocupante? Porque ha estado acompañada de otra, nada halagüeña para las futuras cohortes de mayores, a saber, que la pobreza entre los menores de 16 años creció en esos mismos países. La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto, en países como España, una situación de desequilibrio que podría ser utilizada como ejemplo de un supuesto conflicto entre generaciones. Al mismo tiempo que el paro ha fustigado duramente a las familias en fase de procreación, los gobiernos centrales, autonómicos y locales han reducido sus presupuestos en becas de estudios, servicios de preescolar, becas comedor y otras partidas de asistencia social de las cuales se benefician en gran medida los menores de edad. Por el contrario, las pensiones de jubilación se han mantenido congeladas. Pero en un contexto de caída generalizada de las rentas del trabajo, la congelación de las pensiones ha significado una pérdida de consumo para los jubilados inferior a la que ha tenido que soportar buena parte de los activos y sus hijos. Cuando los indicadores macroeconómicos se han recuperado, entre 2013 y 2018, las tendencias de la pobreza por grupos de edad se han revertido de modo que, si bien el riesgo de pobreza infantil se ha reducido algo, ha aumentado más, de nuevo, la pobreza entre los mayores. Se confirma así, una tendencia de ciclos inversos en el riesgo de pobreza, según la cual, bajo las condiciones laborales actuales y la congelación de las pensiones, los períodos de expansión económica aumentan la pobreza de los jubilados y disminuye la de los infantes.
La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto, en países como España, una situación de desequilibrio que podría ser utilizada como ejemplo de un supuesto conflicto entre generaciones
En el sur de Europa, no sólo el gasto social es claramente favorable a los jubilados, como ocurre en muchos otros países, sino que las restricciones de gasto social derivadas de la crisis, escasamente han afectado a los jubilados, mientras que las rentas del trabajo han caído dramáticamente entre los activos. En consecuencia, la pobreza infantil, ya de por sí muy elevada en España, ha aumentado a niveles escandalosos.
El análisis de este período de recuperación económica nos puede dar indicios de su posible evolución una vez se supere la crisis generada por la pandemia del COVID19. Los infantes, junto a los adolescentes, han continuado siendo el grupo demográfico con mayor riesgo de pobreza en España. Además, los pobres de 2017 estaban en peores condiciones de vida que los pobres antes de la recuperación económica iniciada en 2013; especialmente si se trataba de hogares monoparentales. ¿Qué factores han explicado esta evolución de la pobreza infantil? El aumento de los ingresos de los hogares con infantes se ha debido sobre todo a un aumento generalizado de la ocupación en las cohortes de edad inferior a los 45 años, que son quienes con mayor frecuencia tiene hijos menores de edad. Por tanto, no podemos atribuir la mejora en el bienestar infantil a ninguna política específica de apoyo a la infancia, como pueda ser una mejora en la cobertura o en la intensidad protectora de las transferencias en metálico. Es más, la eficacia de las transferencias públicas en la reducción de la pobreza infantil ha caído en los últimos años.
La política que sí parece haber contribuido positivamente ha sido la de aumentar la oferta pública de plazas de educación infantil
Este aumento de la oferta ha permitido que algunas madres se hayan incorporado a un mercado de trabajo con mayor demanda de mano de obra, si bien con salarios más bajos y mayor precariedad que antes de la crisis financiera. La menor remuneración por hora trabajada habría reducido el incentivo a trabajar de las madres si no hubiera habido mayor acceso a escuelas infantiles.
Es importante destacar que el mayor riesgo de pobreza de los hogares con hijos dependientes relativo a los hogares de las mismas características, pero sin hijos, no ha variado en esos años. Los parvularios han podido contribuir a que algunas madres buscaran empleo, pero su efecto no ha sido suficiente como para reducir el diferencial de ingresos que tienen los hogares con hijos respecto a los hogares sin hijos. Un factor a considerar es, seguramente, el precio que las escuelas infantiles cobran a sus usuarios, aun siendo públicas, y que disuade de trabajar a las madres con peores perspectivas en el mercado laboral y cuyos hogares tienen menor renta. Máxime si tenemos en consideración que el aumento de los contratos precarios ha hecho crecer la proporción de trabajadores pobres. El otro factor es la persistente ausencia de una política de transferencias en metálico a las familias con hijos dependientes, que son tan corrientes en los países más desarrollados de la Unión Europea.
Abundan los analistas políticos que consideran esta situación como el resultado lógico de un desequilibrio de poder entre los mayores que votan y los menores que no tienen derecho sufragio. Sin embargo, es falso que, en sentido estricto, deba haber un conflicto de intereses universal entre generaciones. De hecho, que haya o no conflicto depende del sistema político de cada país y de cómo están institucionalizados los canales a través de los cuales fluyen los intereses cívicos hacia los partidos políticos. Es en las sociedades con menor coordinación de las entidades cívicas donde el sesgo a favor de las generaciones actuales de jubilados es más elevado, como ocurre en la Europa del sur.
La distribución de recursos entre generaciones no debe ser un juego de suma cero en el que un grupo de edad mejore su bienestar a expensas de la calidad de vida de otro grupo de edad de suma cero en el que un grupo de edad mejore su bienestar a expensas de la calidad de vida de otro grupo de edad
Si se adopta una perspectiva de análisis dinámico de las generaciones. El bienestar de los jubilados depende de sus historiales laborales pasados, de la capacidad de generar riqueza de los activos y de las lógicas políticas que impulsan sistemas de protección social. Siguiendo el mismo razonamiento, el bienestar actual de los niños, condiciona las oportunidades vitales que tendrán en su edad adulta y sus recursos acumulados cuando alcancen la edad de jubilación. Además, los recursos que generen, y la productividad en su etapa adulta, condicionarán la sostenibilidad del sistema de protección social de los mayores. Si una parte importante de los activos han de tener empleo precarios y padecer largos períodos de desempleo, debido a las consecuencias derivadas de un desarrollo pobre en su etapa infantil, su contribución neta al sistema de protección social será escasa, dado que sus bajos salarios no permitirán elevadas contribuciones fiscales, y su riesgo de desempleo les convertirá en usuarios recurrentes de las prestaciones por desempleo y de los servicios de asistencia social, mermando la capacidad del sistema para atender a las personas mayores.
El bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales
El bienestar de los jubilados de hoy es consecuencia, en buena medida, de la evolución del país en los pasados 50 años, y el bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales. Muchos de los jubilados actuales han tenido unos historiales laborales espléndidos, con empleos estables y buenos salarios, pero las próximas cohortes de jubilados cada vez tendrán peores historiales, y en especial las cohortes demográficas nacidas a partir de los años sesenta del siglo XX. Estas cohortes demográficas han sido afectadas por la destrucción de empleo en la crisis financiera de 2008 a la edad en que su actividad laboral es fundamental para determinar el importe de la pensión de jubilación, y los empleos que hayan podido obtener después han sido de peor calidad, fácilmente degradables en la crisis causada por el COVID19. Aunque está por ver la eficacia que haya podido tener la nueva política de protección social institucionalizada a través de la expansión del gasto en ERTEs y en el Ingreso Mínimo Vital.
En los años 60 del siglo XX casi todos los países desarrollados llevaron a cabo reformas en sus sistemas de pensiones que condujeron a una reducción notable en el riesgo de pobreza de los jubilados. A finales del siglo XX, son muchos los países que han iniciado una política orientada, esta vez, a reducir el riesgo de pobreza infantil, pero esta ola todavía no ha inundado el sur de Europa. El interés por el bienestar infantil responde a la presión social, en buena medida ejercida por el movimiento feminista, y al interés de las élites políticas y económicas por mejorar el capital humano y hacer más competitivas las economías nacionales, pero también ha sido la respuesta a un aumento de la pobreza infantil inducido por el aumento en la inestabilidad familiar y el crecimiento de las familias monoparentales, que cada vez es más frecuente en los estratos sociales menos favorecidos.
Es un hecho que la elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores
Es un hecho que la elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores, lo cual ha de afectar a la capacidad de los regímenes de Seguridad Social y a los sistemas sanitarios y de servicios sociales para atender las necesidades derivadas del envejecimiento de la población. En suma, es preocupante que la contención en el gasto de la Seguridad Social en pensiones no vaya acompañada de un mayor esfuerzo para mejorar la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones.
* El contenido de este escrito está basado en trabajos previamente publicados por el autor. Sobretodo en los artículos de G. Esping-Andersen y S. Sarasa (2002), ‘The generational conflict reconsidered’; Journal of European Social Policy, 12(1): 5-22; S. Sarasa (2013), ‘Cambios demográficos, protección social y pobreza’, en Presupuesto y gasto público, 71: 127-142, y S. Sarasa (2012), ‘Crisis económica y pobreza infantil en algunos países de la Unión Europea’, en V. Navarro y M. Clua-Losada (eds.) El impacto de la crisis en las familias y en la infancia; Barcelona: Ariel, pp. 17-56; y S. Sarasa (2020), Pobreza, ocupación de las madres y educación infantil en un contexto de crecimiento económico.
Pregunta
Respuestas de los expertos
Firstly, I have to say that there is still some scepticism, and even denial, about the real problem of child poverty in Spain. From some sectors, it is understood that it is exaggerated and that there are really not 2.5 million poor children in our country. It is clear, therefore, that many people do not understand the disadvantages of being a poor child in a northern country like Spain, which is very different from what it is to be poor in a developing country, although it also has very negative consequences both for the individual who suffers that situation and for society as a whole.
On the other hand, on the political level, it can be said that, in Spain, no political party, neither on the right nor on the left, has so far clearly taken up the banner of the fight against child poverty. It is something on which there is generally a broad consensus among almost all political forces, but no one has made a decisive commitment to prioritise it and combat it in a forceful way.
In Spain, to date, no political party, neither right nor left, has clearly taken up the banner of the fight against child poverty
And in this connection we must stress that, in the face of the development of pensions and other monetary benefits throughout history in our welfare state, family policy has always been the great forgotten area. Perhaps, to a certain extent, behind this lies the belief that children are the responsibility of the parents, who are of working age and that, beyond specific benefits designed to cover specific needs (unemployment, incapacity, etc.), it is not a priority to further develop family benefits aimed especially at children.
In short, in line with Professor Sarasa's argument, in terms of monetary benefits, the blame for the high rates of child poverty in Spain should not be sought in an extravagant development of pensions, which is not the case, since it could be similar to that of other countries in our environment, but rather to a large extent to the almost non-existent policies of specific transfers to combat child poverty, as well as other reasons outside our benefit system (dysfunctions in the labour market, deficiencies in the education system, etc.).
In Spain, child poverty risk rates have been very high for more than three decades and the increase in unemployment and underemployment in the last recessionary cycle prior to the COVID-19 led to a significant worsening in the economic and material well-being of the youngest people and their families due to the absence of public income protection policies to sustain minimum income levels when unemployment was high.
In most of the countries around us, the upbringing of children is conceived as a task shared by families and the State, because it seems clear that the survival of the welfare States must be based on intergenerational solidarity. Consequently, states provide a safety net capable of ensuring population growth and reducing the proportion of children growing up in poverty, in order to maintain the investment necessary to ensure the future quality of human capital. Broadly speaking, cash transfer policies can be divided into two types according to their design: universal policies and policies conditional on low income. The former are cash transfers to the entire population and do not require economic capacity requirements from potential recipients. The latter are cash transfers to a part of the population and require that the household does not exceed a certain level of income or wealth in order to receive them.
In most countries around us, child rearing is conceived as a task shared by families and the state, because it seems clear that the survival of the welfare state must be based on intergenerational solidarity
Various studies have tried to discern which of these two designs is more effective in reducing poverty and inequality in different institutional contexts. The key question is whether we should choose or can make the two options compatible. In countries such as Austria, Belgium, France, Germany or the United Kingdom, universal assistance is combined with various targeted benefits as additional support for families with fewer resources. In France and Austria, targeted benefits are concentrated on the groups most vulnerable to poverty, such as large or single-parent families, and in the Netherlands and Finland they have targeted benefits to cover certain key expenses, such as medical or childcare costs. In Spain, we do not have a universal child benefit and the compensation of child-rearing expenses operates through non-refundable tax deductions for families who are not obliged to pay taxes. In addition, the targeted benefit is low and reaches a very limited number of families. This makes our system very weak in combating the economic vulnerability of families with child dependents.
It is known that child poverty rates are particularly high in our country. In 2005 they were above 25% and the crisis soon made them grow even more, rapidly reaching 30%, a figure almost 10 points higher than that of the EU27 as a whole, which placed Spain at the top of the European poverty ranking. Professor Sarasa's article combines this phenomenon with another also of interest, the imbalance between the rates of children and young people and the population over 65 years of age and, even more so, their respective evolution throughout the recent economic cycle. From this decompensation some deduce a potential generational conflict, a question of important implications, both at the societal level and in terms of social expenditure management.
Does the unequal evolution of poverty rates for children and adults in our society mean that we are first in a conflict of interest between the two? As the author points out, what has happened during the crisis is that while the purchasing power of assets was reduced by the collapse of employment, that of pensioners remained stable. Some went through harder times than others, but this does not imply that there is a zero-sum game between the two.
Children and young people do not count unless they have their own income, depending on that of their parents. Their poverty is therefore a symptom of their parents' poverty. In times of economic turbulence, falling activity and wage devaluation, it is logical that their incomes should fall and thus the proportion of those below the poverty line should increase. Also, although this has little to do with the situation of relative poverty, their living standards will worsen and their objective situation will deteriorate.
It seems logical that this should happen with greater intensity precisely in those countries where the impact of the Great Recession was greater, as is the case of Spain and some of its neighbours on the southern flank of the EU where the crisis was not only longer but more destructive in terms of employment and wealth. For their part, retired people have the state as their main provider of income through retirement (and, to a lesser extent, widowhood) pensions. This being so, their respective situations of relative deprivation should not be attributable to the same forces or factors. Claiming that the poverty of the elderly is equal to that of children would also require an explanation as to whether the former is intended to increase or decrease.
Would the children's situation have been better if their grandparents' pensions had deteriorated at the same rate and with the same intensity as the income of their active parents during the crisis?
To answer this question we should also take into account that both children and older people live and live together in households, within which income from capital, labour and the state is combined, whether in the form of pensions, allowances, grants or benefits of various kinds. Poverty rates are in fact calculated on the income of households adjusted for their size and age composition, that is, recognizing that within households there is a combination of the economic resources of different members, resources potentially coming from different sources. The structure of households thus becomes the key element: if children were evenly distributed among households, their poverty would be the same as that of adults; but being concentrated in specific households reduces the income of their peers more than that of adults in general and those over 65.
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