¿Todas las personas a la misma edad? Por qué el perfil socioeconómico debe redefinir la edad de jubilación en España
Una de las cuestiones derivadas del envejecimiento de la población que está generando más debate a nivel tanto político como social es el de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se ha extendido la idea de que el progresivo incremento de la población mayor acabará tensionando el equilibrio entre población ocupada y población jubilada, lo que pondría en jaque el sistema de pensiones tal y como lo conocemos en la actualidad. Esto se debe a que el sistema público de pensiones en España es de reparto, y estas se financian con las contribuciones de los trabajadores actuales. Como consecuencia de este debate, una de las medidas implementadas para intentar contrarrestar esta situación ha sido el progresivo incremento de la edad a la jubilación. Sin embargo, esta medida se ha adoptado de forma generalizada, sin tener en cuenta las desigualdades socioeconómicas presentes en la sociedad española. Nuestro objetivo es invitar a la reflexión sobre la necesidad de ajustar estos criterios atendiendo a características clave de la población, especialmente aquellas relacionadas con la esperanza de vida, la salud, y el perfil socioeconómico de la población que actualmente se encuentra a las puertas de la jubilación.
En este caso, el nivel educativo es un factor socioeconómico clave por su relación tanto con la actividad económica como con la salud. La población con un mayor nivel educativo suele incorporarse al mercado laboral más tarde debido precisamente a su mayor número de años de formación, aunque en la mayoría de los casos lo hacen en puestos de trabajo mejor remunerados y con una mayor reputación social. Por el contrario, las personas con un menor nivel educativo suelen pasar a formar parte de la población activa a edades más tempranas, pero en puestos de trabajo con peores condiciones laborales (más demandantes a nivel físico, peores remuneraciones, etc.) y con menor nivel de protección laboral (mayores probabilidades de desempleo). Todos estos factores definen la capacidad socioeconómica de los individuos, pero además acaban dibujando escenarios desiguales en cuanto a las perspectivas de salud futuras. De hecho, las desigualdades en mortalidad según nivel educativo son evidentes a lo largo de toda la trayectoria vital. Tomando como referencia las tablas de mortalidad por nivel educativo proporcionadas por el INE, los datos para el año 20191 muestran como entre la población de 25 años, únicamente un 84,3% de los hombres con educación primaria o inferior llegaría a la edad de 65, mientras que, en el caso de los hombres con educación superior, el porcentaje sube a un 92,3%. En el caso de las mujeres, estos porcentajes son 91,6% y 95,3%, respectivamente.
Una vez alcanzada la edad de 65 años, la esperanza de vida sigue siendo desigual. En el caso de los hombres que llegan a esta edad, la diferencia entre la esperanza de vida entre los niveles educativos menor y mayor es de dos años y medio: los hombres con educación superior vivirían de media 20,7 más, mientras que los que tienen niveles de primaria e inferior solo 18,2 años. La diferencia entre las mujeres algo menor (24,5 vs 22,6). A su vez, las personas con nivel educativo más alto no sólo viven más años, sino que viven más años en buena salud. ¿Cómo se dividen los años de vida que en promedio se viven según el estado de salud (bueno o malo)? La población con educación primaria o inferior presenta el menor número de años en buena salud2 al llegar a los 65 años (8,0 y 8,7 años para mujeres y hombres, respectivamente), mientras que aquellos con estudios superiores presentan valores significativamente superiores (16,5 y 12,3 años para mujeres y hombres, respectivamente).
Retrasar la edad de jubilación no solo reduce los años vividos que se pueden disfrutar con buena salud después del retiro, sino que además amplía las desigualdades sociales, especialmente entre personas con distintos niveles educativos. Como apuntaron Blanes y Trias (2021), la población menos instruida presenta una doble desventaja: en primer lugar, una menor esperanza de vida; y segundo, una mayor prevalencia de situaciones negativas de salud. Esta mayor prevalencia lleva a una acumulación de diversas enfermedades crónicas a edades más tempranas respecto de la población con mayor nivel educativo (Permanyer et al., 2025), evidenciando un proceso de deterioro de la salud más rápido. Esta cuestión gana mayor relevancia si tenemos en cuenta que la mayoría de la población que actualmente se encuentra en edades próximas a la jubilación (entre 55 y 64 años) declara tener un nivel educativo dentro de la primera etapa de formación secundaria o inferior (el 44,7% de las mujeres, y el 46,1% de los hombres, según datos del INE). En este contexto, parece razonable abrir un debate sobre si es justo posponer de manera generalizada la edad de jubilación, ya que esta medida puede estar intensificando los efectos negativos de la acumulación de las desigualdades sociales sobre una parte importante de la población.
Pero entonces, ¿dónde se podría actuar para equilibrar el sistema de pensiones? Tal como ya señalaron Miret y Zueras en 2016, deberíamos mover el debate de la demografía al mercado laboral. El diseño e implementación de políticas destinadas a reducir el nivel de desempleo en el país (España es, pese al reciente periodo de expansión económica, el segundo país con mayor tasa de desempleo -10,2%- de la Unión Europea en la actualidad, únicamente por detrás de Bosnia-Herzegovina), junto con la promoción de la entrada en el mercado laboral de las mujeres (España presenta valores aún por debajo del promedio de la UE-27 -66,5% vs 70,8%-), permitiría garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo gracias al incremento del número de personas contribuyendo al sistema de pensiones. Además, debemos tener en cuenta que España es el país de la UE-27 con la mayor tasa de sobrecualificación (35%). Esto significa que se está perdiendo una buena parte del capital humano ya que el mercado laboral no es capaz de ofrecer empleo acorde con la formación de una gran parte de la población con estudios superiores. Como consecuencia, su contribución a la bolsa de las pensiones es menor de lo que podría ser potencialmente.
1 - El Instituto Nacional de Estadística proporciona datos de mortalidad según nivel educativo únicamente para el periodo entre 2016 y 2022. Se toma como referencia 2019 al ser el año anterior al inicio de la pandemia del COVID-19
2 - Medida mediante la salud autopercibida
Referencias:
Blanes, A., & Trias-Llimós, S. (2021). Vivir menos y con peor salud: el peaje de la población menos instruida en España. Perspectives demogràfiques, 24.
Permanyer, I., Gumà, J., Trias-Llimós, S. & Solé-Auró, A. (2025), “Multimorbidity trends in Catalonia, 2010-2021: a population-based cohort study”, forthcoming in the International Journal of Epidemiology.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Nivel de formación de la población adulta (de 25 a 64 años). https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=125992548165…. Consulta realizada el 28 de noviembre de 2025.
Miret Gamundi, P., & Zueras, P. (2016). La quiebra en el sistema público de pensiones: ¡No en nombre de la demografía!. Perspectives Demogràfiques, 4, 1-4.
