La cronicidad silenciada: cuidar como derecho en una españa longeva

España presume, con razón estadística, de ser una de las sociedades más longevas del planeta. Sin embargo, este éxito demográfico convive con una realidad estructural que rara vez ocupa el centro del debate público: la prevalencia de la enfermedad crónica. Según la Encuesta de Salud de España (ESdE 2023), el 57,7 % de la población de 15 años o más declara convivir con alguna enfermedad o problema de salud crónico. Esta condición, lejos de ser marginal, aparece ya en edades tempranas —casi el 30 % en la franja de 15 a 24 años— y se intensifica con el paso del tiempo: alcanza el 80,07 % entre los 65 y 74 años, el 88,60 % entre los 75 y 84, y el 93,57 % a partir de los 85. Conviene tener en cuenta que no toda enfermedad crónica implica dependencia ni necesidad de cuidados de larga duración; sin embargo, cuando esta limita la autonomía, pone de manifiesto la profunda discontinuidad entre la atención sanitaria y los apoyos sociales.

Estos datos confirman que la cronicidad es hoy la condición mayoritaria de nuestra sociedad. No obstante, nuestras instituciones, nuestra economía y nuestra arquitectura del cuidado siguen operando bajo una ficción: que la fragilidad es una excepción y que la autonomía es un mérito puramente individual. 

El Estado no desatiende la cronicidad por mera negligencia, sino porque el diseño vigente externaliza hacia los hogares una parte sustancial de los costes: calcula que la asunción privada de ese agotamiento es más barata que construir una infraestructura pública robusta, externalizando así sobre los cuerpos vulnerables el coste de su propia inacción.

Pero este cálculo macroeconómico encuentra además su coartada perfecta en el plano cultural, dando lugar a un doble aislamiento: mientras la contabilidad pública se desentiende de los costes, la cultura imperante condena al individuo a resolver en solitario su propia vulnerabilidad. Así, un mandato contra la interdependencia se alza como el complemento ideal de esa desatención institucional y  adopta la forma del mito de la autosuficiencia, una ficción que presenta la autonomía absoluta como requisito de valía y que convierte la fragilidad en un asunto privado. 

Hay que recordar que la enfermedad crónica y el cuidado no forman una simple cadena de causa y efecto, sino que son un mismo fenómeno social visto desde dos ángulos diferentes: el del cuerpo que se sostiene, como puede, en el tiempo y el del entramado de apoyos que hace posible esa continuidad. Una dolencia prolongada nunca se despliega en solitario; genera de inmediato una organización concreta de tiempos, tareas y responsabilidades que reconfigura la vida doméstica y comunitaria. 

Este trabajo invisible constituye la verdadera columna vertebral del sistema de cuidados en España y equivale, según el estudio El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España (CENIE, 2026), entre el 3,6 % y el 4,7 % del PIB. Estas cifras corresponden a los dos métodos de valoración utilizados en el informe —coste de sustitución y coste de oportunidad— que permiten estimar el valor del cuidado informal desde escenarios complementarios. En términos económicos, este rango supone entre 57.348 y 74.538 millones de euros anuales en trabajo no remunerado que el Estado deja de financiar. En otras palabras: las familias —principalmente las mujeres— aportan cada año una infraestructura doméstica que sustituye servicios públicos insuficientes y genera un ahorro multimillonario para el Estado del Bienestar.

Frente a la miopía institucional que sigue interpretando la atención a la cronicidad como un gasto asistencial pasivo, las evaluaciones económicas del SAAD, del CENIE, los análisis del Ministerio de Sanidad y los estudios comparados sobre economía del cuidado coinciden en que reforzar los apoyos continuados reduce costes sanitarios evitables, dinamiza el empleo y mejora la sostenibilidad del sistema. Cada euro destinado a la dependencia genera un efecto multiplicador estimado en 1,6 euros sobre el PIB y contribuye a crear empleo estable en el sector sociosanitario. Lejos de ser una carga, sostener la vida de manera profesional y equitativa alivia la sobrecarga de las cuidadoras, previene ingresos hospitalarios evitables y facilita la participación laboral en condiciones justas.
Ahora bien, si los indicadores macroeconómicos y la evidencia sobre la economía de los cuidados son tan claros, ¿por qué las estructuras institucionales apenas se mueven? En este punto, la sociología institucional y la sociología del cuidado ofrecen una clave interpretativa ayudando  a identificar las dinámicas culturales y organizativas que explican por qué la evidencia no se convierte en acción y por qué la cronicidad sigue fuera del centro de la agenda pública. En este sentido, en España operan los siguientes mecanismos que sostienen esta resistencia.

1. El colchón de la absorción extractiva de costes. El Estado se abstiene de invertir porque opera bajo una lógica de extracción económica: la economía familiar asume de manera forzosa la carga de los cuidados, funcionando como un amortiguador gratuito que frena cualquier colapso institucional. El sector público subsiste, así, a costa de traspasar el desgaste físico y material directamente sobre los hogares.
2. La cronicidad cuenta con una representación fragmentada y de incidencia desigual. Las enfermedades agudas movilizan urgencia, campañas mediáticas y asociaciones fuertes; la cronicidad, en cambio, es silenciosa, cotidiana y dispersa. Existen asociaciones y organizaciones de pacientes, pero su acción se encuentra dividida por patologías específicas y su capacidad de incidencia política es heterogénea y limitada. Esta fragmentación impide generar una presión pública sostenida y, sin presión continuada, no hay reforma. La sociología denomina a esta situación un déficit de representación estructural: no es solo que «no se hable de ello», sino que falta un lobby unificado, campañas estables, presencia mediática robusta y capacidad de presión institucional capaz de transformar la agenda pública.
3. El familismo institucionalizado como matriz cultural persistente. Aquí el eje es estrictamente ideológico y normativo, ya que el modelo de bienestar español arrastra  de manera ancestral una matriz cultural profundamente conservadora que dogmatiza la idea de que la asistencia es un asunto de puertas para adentro («el cuidado es un deber de la familia»). Este punto explica por qué los ciudadanos lo toleran y lo interiorizan como un mandato moral incuestionable, percibiendo cualquier ayuda pública como una injerencia o un coste superfluo en lugar de una infraestructura colectiva indispensable.
4. La política opera en ciclos cortos; la cronicidad, en ciclos largos. Los retornos de invertir en cuidados —menos hospitalizaciones, más empleo, más productividad— no se observan en un año, sino en cinco o diez. Los gobiernos, sin embargo, trabajan con calendarios electorales breves. La sociología institucional lo denomina desajuste temporal entre problema y decisión. Ningún ejecutivo asume el coste político y presupuestario inmediato de financiar una reforma de gran calado cuyos beneficios tangibles e indicadores de éxito madurarán, de manera inevitable, bajo el mandato de otra administración política rival.

Y como dimensión que funciona en un plano transversal y condiciona los cuatro mecanismos anteriores, emerge un factor crítico: la privatización del desamparo y la desigualdad de clase en el soporte. Cuando el Estado y las redes comunitarias fallan, el mercado irrumpe con fuerza, ofreciendo soluciones fragmentadas y desiguales —desde residencias privadas hasta la contratación precaria de cuidadoras internas— que convierten la cronicidad en un eje de desigualdad profunda. Las familias con recursos pueden externalizar el desgaste; las clases trabajadoras quedan atrapadas en el desgaste físico y emocional del cuidado directo.

La  pregunta de fondo es institucional: ¿qué modelo de convivencia puede sostener una sociedad que vive tanto? Uno que delega el cuidado en los hogares y confía en que la vulnerabilidad permanezca invisible, o uno que reconoce que su longevidad depende de la capacidad de sostener vidas reales, con sus límites y sus dependencias. 

Lo que sí sabemos es que el bienestar no se mide por los años acumulados, sino por la solidez de los apoyos que permiten habitarlos. Y la fortaleza de un país se reconoce en su capacidad para integrar aquello que no encaja en el ideal de autosuficiencia, incorporando la fragilidad como parte legítima de la vida social.

Referencias:

• Bury, Michael (1982). La enfermedad crónica como alteración biográfica. Salud Social y Enfermedad, 4(2), 167–182.
• Centro Internacional de Envejecimiento (CENIE) (2026). (Coord.). El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España. CENIE, Universidad de Salamanca, Instituto Politécnico de Bragança y Universidade de Vigo.
• Ministerio de Sanidad (2024). Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023. Madrid: Gobierno de España.
• Tilly, Charles & Wood, Lesley (2009/2010). Los movimientos sociales, 1768–2008. Desde sus orígenes a Facebook. Barcelona: Editorial Crítica.

Autoría: Carmen Núñez Cuenca