Concejales y consejeros ante la década del cuidado

Cuando hablo de envejecimiento y longevidad me gusta hacerlo poniéndome las gafas del optimismo, porque soy de las que piensan que aún hay margen para hacer las cosas bien. Sin embargo, la tribuna de hoy es una pausa en ese optimismo, porque sinceramente pienso que hay dos profesiones que. si la gobernanza del envejecimiento no mejora mucho y rápido, ninguno vamos a querer ejercer dentro de diez años. Serán profesiones de alto riesgo. 

Probablemente ya las has adivinado. Son las de concejal de mayores de un ayuntamiento o la de consejero de Asuntos Sociales de una comunidad autónoma en España. Mi intuición es que van a ser de las más ingratas, estresantes y complejas de ejercer con dignidad de todo el sector público. 

No hablo de ellas aquí para ofender a quienes hoy ocupan esos cargos, sino al contrario: lo hago con total respeto a su función y con una advertencia que creo que la sociedad debe escuchar: tenemos un sistema que está preparado para sostener lo que viene una población con una altísima esperanza de vida + el envejecimiento de la generación más numerosa de la historia de España: la baby boomer. 

Hagamos números. España parte en 2026 de 49,6 millones de residentes, de los que el 21,1 % tiene 65 años o más, aproximadamente 10,5 millones de personas. Las proyecciones del INE apuntan a que este grupo seguirá creciendo en las próximas décadas, hablamos de escenarios condicionados, no de predicciones cerradas,, y todo indica que hacia 2035 y 2050 el peso de las personas mayores sobre el total de la población aumentará de forma sustancial. Mientras tanto, la natalidad sigue en mínimos: la fecundidad española fue de 1,10 hijos por mujer en 2024, una de las cifras más bajas de la Unión Europea. Y no hay señal alguna de que la tendencia vaya a revertirse.

El estudio de CENIE “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España” ilustra muy bien. En él se ha calculado que la brecha de atención, es decir la distancia entre las personas mayores de 65 años con limitaciones severas y la respuesta pública que reciben, alcanza ya el 63,1%.

La combinación de estos dos fenómenos, muchos más mayores y una población activa que crece mucho más despacio, está ya produciendo sobre los sistemas de cuidado y protección social una presión sin precedentes en nuestra historia. Y esa presión aterrizará, de forma brutal y cotidiana, sobre los responsables políticos más próximos a los ciudadanos.

Piénselo. El concejal de mayores de una ciudad de 50.000 habitantes tendrá que dar la cara ante familias que buscan una plaza en una residencia o un centro de día: en junio de 2026 el SAAD atendía a 1.707.328 personas, pero 142.887 seguían esperando una prestación, con un tiempo medio de tramitación de 314 días. La lista se ha reducido un 21 % en el último año y hay un refuerzo estatal de 6.200 millones de euros aprobado para 2026 y 2027, señales de que el sistema puede mejorar. Pero si la tendencia demográfica no viene acompañada de una transformación profunda del modelo, ese concejal podría enfrentarse, de mantenerse las cosas como están, a listas de espera que duplicarían o triplicarían las actuales, a familias que necesitarían asistencia urgente sin que el sistema se la vaya a poder dar con la celeridad necesaria, y a un presupuesto que por ahora crece mucho más despacio que la demanda. Y lo hará con plantillas envejecidas, porque la profesión de cuidador, tal y como está planteada, sigue sin resultar atractiva para los jóvenes.

Aquí conviene ser precisos sobre quién responde de qué. La comunidad autónoma es quien valora y reconoce la situación de dependencia, aprueba el Programa Individual de Atención, asigna las prestaciones, planifica y gestiona la red, coordina la atención social y sanitaria e inspecciona y evalúa el sistema. El ayuntamiento, por su parte, es el que actúa en la primera línea de los servicios de proximidad: detecta necesidades, informa y acompaña a las familias, impulsa la prevención y las redes comunitarias, y presta o coordina servicios locales (ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día) cuando la normativa autonómica se los atribuye. Por eso, el concejal tendrá que afrontar en primera línea las necesidades de las familias, mientras que el consejero autonómico deberá asegurar la valoración, las prestaciones y una red suficiente, con tiempos compatibles con la urgencia de cada caso. Este segundo lo tendrá, si cabe, aún peor que el concejal porque sobre su mesa confluirán la crisis de los cuidados de larga duración, el colapso parcial de la atención domiciliaria en las zonas con menos recursos, la presión de los hospitales que no pueden dar el alta a más pacientes, las reclamaciones de los profesionales del sector de la salud y los cuidados exigiendo mejores salarios y condiciones, y la demanda de una ciudadanía que con toda seguridad será consciente de sus  derechos y los exigirá con firmeza. Y todo esto con recursos que, en el mejor de los casos, crecerán de forma lineal mientras la demanda seguirá haciéndolo de forma exponencial.

No estoy describiendo un escenario catastrofista, sino el resultado matemáticamente inevitable de tres décadas de decisiones aplazadas, de estrategias de dependencia financiadas a medias, de modelos de cuidado que no han evolucionado al ritmo que la demografía exigía. La Ley de Dependencia cumplirá veinte años el 14 de diciembre de 2026, con más de 140.000 personas todavía esperando una prestación.

¿Qué hace falta entonces? Primero, invertir muchísimo más en prevención, es decir enseñar a la gente la importancia de prepararse bien para su vejez. Segundo, reconocer la magnitud del problema sin anestesia electoral.

Los cuidados de larga duración no son un gasto que hay que minimizar: son una inversión en cohesión social y en productividad económica, el propio estudio de CENIE calcula que cada euro destinado a prestaciones de dependencia genera alrededor de 1,6 euros de impacto sobre el PIB, porque cada persona cuidada en casa o en un entorno adecuado libera a un familiar, casi siempre una mujer, para participar en el mercado laboral. Tercero, profesionalizar y dignificar el sector de los cuidados de forma urgente: sin cuidadores bien formados y bien remunerados, no hay política de envejecimiento que funcione. Cuarto, rediseñar los modelos de atención alejándonos del paradigma de la institucionalización masiva hacia modelos comunitarios, de vivienda colaborativa, de atención domiciliaria avanzada apoyada en tecnología. Y quinto, y lo más urgente, asumir que este reto no puede resolverse legislatura a legislatura. Necesitamos pactos, estrategias y estructuras que trasciendan los ciclos electorales y que conviertan la respuesta al envejecimiento en una política de Estado, no en el programa de un partido.

De lo contrario, dentro de diez años, los puestos de concejal de mayores y de consejero de Asuntos Sociales me temo que o estarán vacantes, porque ninguna persona prudente querrá asumirlos o serán los responsables de asumir una crisis evitable. Y la pregunta que la ciudadanía les hará día tras día, con razón, es muy sencilla: ¿Por qué no actuaron antes, cuando todavía había tiempo?

La respuesta, me temo que ya la conocemos todos.

Autoría: María Jesús González Espejo